En Querétaro, desde los tiempos de la Nueva España, funcionó la denominada justicia ordinaria que estaba dividida en lo que ahora entendemos como primera y segunda instancias, la primera se ejercía a través de los alcaldes ordinarios, los alcaldes mayores o los corregidores y, para la segunda, existía la Real Audiencia.

Los alcaldes ordinarios eran los de menor jerarquía. Su función era administrar justicia en procesos civiles y criminales y ejercían su jurisdicción sobre la ciudad, villa o pueblo al que pertenecían. El Alcalde Mayor conocía de las causas civiles y criminales de la provincia, territorio mayor que el de los alcaldes ordinarios y por tanto su segunda instancia.

El sistema judicial en Querétaro, durante la época de la Colonia, tuvo como representantes a los alcaldes ordinarios, a los alcaldes mayores y a los corregidores, quienes para administrar justicia se basaron en una serie de disposiciones legales, que tuvieron su origen en normas que datan incluso de antes de la Conquista.

La primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que incluye a Querétaro como estado, promulgada el 4 de octubre de 1824, estipula en su artículo 157 que el gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes: Ejecutivo Legislativo y Judicial, además de señalar en el artículo 160 que el Poder Judicial de cada estado se ejercerá en los tribunales que establezca o designe la Constitución.

Como estado independiente, Querétaro tenía que organizar su Poder Judicial y empezó por conformar en forma interina a todos los tribunales, autoridades y empleados encargados del ramo, y es hasta el 12 de agosto de 1825 que se promulga la primera Constitución del Estado de Querétaro, que señala que el Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Judicial del Estado de Querétaro quedó integrado por tribunales de Tercera y Segunda instancias, por juzgados de letras, jurados para las causas criminales y jueces de Paz; se le denominó “Supremo de Justicia”.

El Supremo Tribunal de Justicia quedó integrado por tres ministros y un fiscal; el Tribunal de Tercera instancia por un magistrado y jueces y el de segunda instancia por tres magistrados y un fiscal. Asimismo, se señalaba que en todos los distritos del estado (que eran seis: Amealco, Cadereyta, San Juan del Río, Jalpan de Serra, San Pedro Tolimán) y en Querétaro, habría jueces de letras.

Los primeros miembros del Supremo Tribunal de Justicia fueron nombrados por decreto el 21 de febrero de 1826, que recayó en los licenciados Vicente Lino Sotelo, Mariano Oyarzabal y Martín Rodríguez García, y como fiscal el Lic. José Nájera, quienes juraron el cargo el 3 de junio de 1826, fecha en que queda formalmente instalado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.

La primera Ley Orgánica del Poder Judicial fue promulgada cuatro días antes de que se instalara formalmente el Supremo Tribunal de Justicia. La Ley que consta de 33 artículos, se ocupa de la constitución del Supremo Tribunal, de las salas de los impedimentos y faltas temporales de los ministros.

La preocupación porque los jueces y magistrados resolvieran conforme a Derecho, se plasmó en el decreto de 12 de marzo de 1831, que dice: Todos los jueces y tribunales del Estado, al pronunciar cualquier sentencia definitiva o interlocutoria que tenga fuerza tal, la fundarán en la Ley, si la hay del caso, haciendo mención específica de ello; y si no lo hubiere, en la opinión de las mejores y más conocidos autores, o en razones de congruencia tomadas de los principios y elementos de nuestro Derecho.

El primer Reglamento para el gobierno interior del Supremo Tribunal de Justicia se promulga el 14 de octubre de 1831. En él se señala que los labores empezarían el primer día hábil del año, despachándose de nueve a doce de la mañana.

En septiembre de 1833, se publican y adicionan reformas a la Constitución de 1825, que contemplan la división de la Suprema Corte en tres salas, la tercera, conformada con una de los ministros de la corte; al igual que la segunda y primera salas. Estas reformas y otras más, dieron lugar a la segunda Constitución del Estado de Querétaro el 7 de octubre de 1833.

Casi dos años después, la administración de justicia dejó de ser auxiliar del Gobierno: se promulgó una Ley Orgánica y Reglamentaria del Ministerio Público y en 1917 se convocó a elecciones, entre ellas la de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por lo que después del proceso, resultó electo presidente el licenciado Mariano Hernández, mediante una circular de junio 30 de 1917.

Por lo tanto, el 30 de junio de 1917 marca el inicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, bajo el régimen constitucional que da lugar en Querétaro a un nuevo modelo de administrar e impartir justicia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada y firmada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, y trajo como consecuencia la Constitución local de 1917; en la misma se determinó que le correspondía a la legislatura:

“Elegir a los magistrados propietarios y supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

“En ningún caso puede legalmente el Gobernador del estado mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer de las cosas que en ellos se versen o de las personas que estén bajo la acción de la justicia”.

En la Constitución local de 1917 se solicitó que el Poder Judicial del Estado se depositaba en un Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados de primera instancia, así como en los juzgados menores y municipales. El Tribunal se componía de tres magistrados propietarios y tres suplentes o supernumerarios, elegidos directamente por la Legislatura del Estado, además de que durarían en su encargo cuatro años; los Jueces de Primera Instancia y menores serían nombrados por el Tribunal y por los ayuntamientos los jueces municipales; mientras que los de Primera Instancia duraban en su encargo cuatro años, los Menores y Municipales únicamente dos años.

En enero de 1928 se promulga una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla los Juzgados Municipales, los Menores y los de Primera Instancia, así como la existencia de la Primera, Segunda y Tercera salas que constituían el Tribunal, encargándose la primera de los negocios civiles y la segunda y tercera de los asuntos penales. Dichas salas eran unitarias, pues cada una de ellas tenían al frente un solo Magistrado.

La Ley dividía el Estado en siete partidos judiciales: Amealco, Cadereyta, Colón Jalpan, Querétaro, San Juan del Río y Tolimán, cuya división territorial era la marcada por la Constitución a las respectivas municipalidades. Dos años después se reforman la Ley Orgánica para que el Estado quedara dividido en cinco distritos judiciales: Cadereyta, Jalpan, Querétaro, San Juan del Río y Tolimán, por lo que el juzgado de Amealco se suprimía.

En diciembre de 1931 se promulgó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que contemplaba la existencia de los Jueces de Primera Instancia Menores y Municipales; y dedicaba un título al peritaje, otro al de peritos intérpretes y uno más el servicio médico legal, sin embargo, fue la más corta entre todas las leyes orgánicas que han regido al Poder Judicial, pues fue promulgada otra en diciembre de 1932, producto de los cambios que vivía el Estado.

Con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro promulgada en 1932, por medio de la cual, entre otras cosas, desaparece los juzgados Menores y aparece de nueva cuenta el Jurado Popular como depositario del Poder Judicial. Desaparecía en la capital uno de los juzgados de primera instancia para quedar uno solo con jurisdicción Mixta, mientras que los Juzgados Municipales también con jurisdicción mixta se ubicarían en las cabeceras de los demás partidos judiciales.

En la misma fecha se promulgaron reformas a la Constitución Política del estado libre y soberano de Querétaro Arteaga, en donde se señala que el artículo 104 fue reformado en los siguientes términos: el Tribunal Superior de Justicia estará integrado por un Magistrado Propietario y dos magistrados suplentes o supernumerarios.

Tres años después -en mayo de 1936- se creó un juzgado más de Primera Instancia en la capital del estado, por lo que ahora el Mixto ya señalado se dividía por materias Civil y Penal, además, un mes después se reformó el artículo 100 de la Constitución para quedar en los siguientes términos: el Poder Judicial del Estado se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal para Menores en los juzgados de Primera Instancia, Menores y Municipales y en los Jurados.

En enero de 1938 se reforma nuevamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora para dividir el territorio del estado en seis Distritos Judiciales, que lo fueron el de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta, Tolimán, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles. Un año después, otra modificación a la Ley crea un Juzgado más de Primera Instancia en la capital del estado para quedar uno del ramo Civil y dos del ramo Penal.

El primero de enero de 1940, entraron en vigencia las reformas a la Constitución, entre ellas, la del artículo 104, para señalar nuevamente que el Tribunal Superior de Justicia se compondría de tres Magistrados Propietarios, además de que los jueces de primera instancia nuevamente durarían en su cargo todo el tiempo que durara su buen comportamiento.

De acuerdo con dichos cambios, se promulgó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se señala que la justicia se administrará: Por el Tribunal Superior de Justicia, jueces de Primera Instancia, jueces Menores, jueces Municipales, Tribunal de Menores y Jurado Popular; asimismo, se señalaban como atribuciones del Tribunal de Pleno, entre otras: Vigilar el manejo de los notarios públicos y de los encargados del Registro Público de la Propiedad en todo el Estado.

Ante las constantes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, relacionadas con los números de juzgados, en 1973 se modificó el artículo 42 para determinar que en el distrito de Querétaro habría los juzgados de Primera Instancia de los ramos Civil y Penal que el Tribunal Superior de Justicia señalara.

En enero de 1974, entró en vigor una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial con los mismos depositarios que la anterior, conservando, además, igual el número de distritos, indicando que habría solo dos jueces Menores Mixtos en el Distrito Judicial de Querétaro y uno en el de San Juan del Río.

En 1978, con la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores, el Tribunal Superior de Justicia deja de conocer de esta materia en los términos que señala la propia Ley. El mismo año se vuelve a reformar la Ley Orgánica, para determinar la existencia en los tres juzgados Menores: dos Civiles y uno Penal en el Distrito Judicial de Querétaro, así como uno más de jurisdicción Mixta en el distrito de San Juan del Río.

El año de 1981 marca la entrada en vigor de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora se menciona que la función judicial se detentará por el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de Primera Instancia, los juzgados de lo Familiar, los jueces Menores. los Municipales y el Jurado Popular. Continúa el mismo número de magistrados, pero ahora se menciona que en la capital del Estado habría tres juzgados de Primera Instancia Civil, uno de lo Familiar y tres del ramo Penal, mientras que en San Juan del Río permanecería uno del ramo Civil y otro Penal, y en los demás distritos judiciales, juzgados de Primera Instancia con jurisdicción Mixta.

El número de magistrados Propietarios que, como lo señalamos, lo era de tres, varió con las enmiendas de diciembre de 1985 a la Constitución, para quedar que el Tribunal Superior de Justicia se compondrá por lo menos de cinco magistrados Propietarios y cinco Supernumerarios.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fue reformada en julio de 1987 para señalar que: el Tribunal Superior de Justicia estará integrado por cinco magistrados Propietarios e igual número de Supernumerarios, y su designación se hará por esa Legislatura en los términos que marca el artículo 104 de la Ley fundamental del Estado, los que podrán aumentarse como lo previene el citado precepto. Los magistrados durarán el ejercicio de su cargo tres años y podrán ser reelectos.

En diciembre de 1988, se vuelve a cambiar la Ley Orgánica, ahora para integrar a una Oficialía de Partes, así como al Instituto de Especialización Judicial que, conforme a la reforma, tendrá la finalidad de preparar y capacitar al personal del Poder Judicial y a quienes aspiren a ocupar algún cargo en el mismo.

En enero de 1991 entró en vigor un nuevo Código Civil para el Estado en donde se establece la existencia de una Central de Consignaciones. Cronológicamente el siguiente cambio tuvo lugar con la entrada en vigor el 5 de febrero del mismo año, de las reformas a la Constitución Política del estado de Querétaro Arteaga.

Al renovarse los poderes estatales en octubre de 1991, se plantean varias reformas, una de éstas trajo para la función Judicial una nueva Ley Orgánica que abrogó la de enero de 1986, la nueva Ley tiene como principio rector ineludible e inobjetable, que la impartición de justicia sea expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita; en este orden se plantea bajo el principio de Salas Colegiadas el aumento de Magistrados de cinco a siete para integrar una Sala Civil y otra Penal con tres Magistrados cada una, correspondiéndole al Magistrado restante la Presidencia.

La reglamentación respectiva, la cual fue publicada antes de un mes en el periódico oficial acorde con el artículo 70 fracción II de la Constitución Política del Estado y la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial además de haber sido el propio pleno del Tribunal quien aprobó el citado “Reglamento interior del Tribunal Superior de Justicia dando así inicio al ejercicio de esta facultad por parte del Poder Judicial.

En el periódico oficial del 6 de febrero de 1992 se publicó el “Reglamento interior para los Juzgados de Querétaro” que contempla en sus 11 capítulos los correspondientes títulos que organizan a todos y cada uno de los Juzgado del Estado y al personal que los atiende: Jueces, Secretarios, Actuarios y demás empleados.

A finales de 1992 se publica la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la misma se señala que solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo.

En julio de 1993 se promulga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro la que contemplaba en su título décimo el capítulo referente a los Juzgados Municipales, que años más tarde fue derogado. En el periódico La Sombra de Arteaga del 12 de septiembre de 1996, aparecen publicadas varias reformas a la Constitución Local, entre ellas la relativa a que el Poder Judicial que tiene como facultad de aplicar las leyes, ahora además de los asuntos judiciales del orden civil y penal la tendrá en los asuntos judiciales del orden electoral del fuero común.

La misma reforma contempla en su artículo 69 los requisitos para ser Magistrado, en donde se indica que ahora deberán de cumplirse los cuatro primeros requisitos que señala el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Otra reforma importante lo fue la del artículo 71 de la Constitución Local, que eleva a rango constitucional la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

En diciembre de 1996 se reforman y adicionan varios artículos de Ley Orgánica del Poder Judicial relacionados principalmente por la integración al Tribunal de los Magistrados Electorales, quienes constituirían una nueva sala, la Electoral.

En el mismo mes de diciembre fueron reformados el Código Penal y el de Procedimientos Penales, de la primera Ley sobresale la inserción de nueva cuenta de un párrafo que había sido suprimido en el artículo 68, consistente en la obligación por parte de del Órgano Jurisdiccional de ordenar de oficio los estudios criminológicos interdisciplinarios, estudios que bien llevados representan para el juzgador una un instrumento útil para individualizar la pena, además de ser herramienta eficaz en programas de política criminal.

Importante también es destacar por parte del Instituto de Especialización Judicial la formación de la “Especialidad en Administración de Justicia” dando lugar a que independientemente de las demás actividades académicas que se imparten se brinde la oportunidad a todos los abogados del Estado de integrarse a esta especialidad que cuenta con la experiencia que brinda la propia función jurisdiccional.